Quisiera expresar mi opinión sobre la propuesta "eEurope, an Information Society for All". Empezaré por el documento mismo: no entiendo como sólo 16 páginas puedan ocupar 460Kbytes. Como bien recuerdan en el texto del documento, la mayoría de usuarios, yo entre ellos, no disponemos de un acceso barato y de calidad a Internet, por lo tanto nos cuesta tiempo y dinero descargar un documento que, por el formato elegido, ocupa muchas veces más de lo estrictamente necesario. Pero no quiero aburrirles sobre las formas y pasaré a expresar mi opinión sobre los contenidos. Ante todo quiero felicitar a la Comisión por haberse enterado, por fin, que uno de los factores que frenan el desarrollo de Internet en Europa es el alto coste de las conexiones telefónicas, debido a la posición todavía dominante de los antiguos monopolios (que todavía lo son, de hecho, en el sector de las llamadas locales). Sobre el punto 1 (European Youth into the Digital Age) me encuentro casi totalmente de acuerdo con las propuestas de la comisión. Pero creo que no se ha tenido en consideración la necesidad que los alumnos dispongan de conexión también en casa así como los maestros/profesores: no se debe considerar que la única formación posible se suministre en los centros de enseñanza. Espero además que, en las conexiones a Internet de las escuelas, se ponga especial relevancia en el software libre (free software, free como en "free speech", no "free beer") y/o de código abierto (open source), por las considerables ventajas tanto en costes de explotación como por la libertad que el uso de software libre confiere. Quisiera también recordarles que, si existieran opciones de tarifa plana asequibles, tanto para los centros de enseñanza como para los particulares y pequeñas y medianas empresas, el problema de la conexión de los centros probablemente no existiría. Sobre el punto 2 (Cheaper Internet Access) me felicito con la comisión por querer enfrentarse a la liberalización del bucle de abonado. Sin embargo las medidas propuestas, si bien necesarias y bien enfocadas, me parecen insuficientes. Por un lado puede darse el caso de países que afirmen haber liberalizado el bucle de abonado, cuando en realidad sólo se ofrece un acceso indirecto que no permite facilitar servicios distintos a los ya previstos por la operadora dominante (es el caso de España con el ADSL), por lo que se tiene que exigir claramente que el acceso al bucle de abonado debe ser directo y para cualquier uso (dentro de unos estándares y normativas técnicas que permitan garantizar unos niveles de calidad). Por el otro lado hará falta mucho tiempo antes de que otras operadoras puedan ofrecer alternativas en las llamadas locales a pesar de tener acceso al bucle de abonado. Mientras tanto se deberían fijar, para las operadoras dominantes, unas tarifas planas de acceso no superiores a lo que paga un usuario típico en Estados Unidos (entre 20 y 30 dólares que incluyen la cuota de alquiler de línea y todas las llamadas locales). Si no se toma rápidamente esta medida, la única posible a corto plazo, los ciudadanos Europeos perderemos aún más tiempo en poder obtener un acceso asequible. Sobre el punto 3 (Accelerating e-commerce) espero que se ponga especial énfasis en el uso de protocolos y estándares abiertos (no propiedad de alguna empresa en concreto) en las transacciones entre las empresas/ciudadanos y los estados miembros/las comisión europea. Sobre el punto 5 (Smart cards for secure electronic access) Las smart cards no son la solución mágica al problema de la seguridad en Internet. Todos los sistemas basados en smart cards presentados hasta la fecha han sido comprometidos. Además, aún si se llegara a inventar una smart card técnicamente segura, queda el problema de su uso fraudulento: el uso de una tarjeta no garantiza que se haga por su verdadero dueño. Sobre los riesgos del sistema de infraestructura de claves publicas (PKI) les remito al texto en: http://www.counterpane.com/pki-risks.html No conozco la normativa europea, pero la ley Española sobre firma digital, que se ajusta a la normativa comunitaria, parece no haber tenido en cuenta estos riesgos. Sobre el punto 7 (eParticipation for the disabled) quisiera recordarles que muchos de los sitios gubernamentales, e incluso las mismas páginas de la comisión europea, tienen una estructura demasiado compleja, con uso excesivo de gráficos y/o animaciones, frames y otras parafernalias que, si dificultan el acceso a una persona sin ningún problema, mayormente los dificultarán a personas discapacitadas. Ruego que se pida a los sitios oficiales que se ajusten a sencillas normas de diseño de paginas web (navegación fácil, imágenes con texto alternativo, uso de formatos estándar no propietario, etc.) para facilitar su navegación a todos. Sobre el punto 9 (Intelligent transport) sugiero, además de las medidas propuestas, que se potencie el teletrabajo para evitar desplazamientos inútiles. Para poderse acoger a modalidades de teletrabajo, hacen falta conexiones permanentes y con una buena velocidad, tal como puede ofrecer, por ejemplo, el cable. Desgraciadamente, en el caso de España, el servicio ofrecido por las empresas de cable, a parte de llegar sólo a un porcentaje ínfimo de la población, no se presta a modalidades de teletrabajo ya que no ofrecen conexión a Internet con direcciones IP válidas. Por lo tanto es fundamental que las empresas que ofrecen accesos alternativos a la red telefónica básica (cable, xDSL, radiofrecuencia, etc.) ofrezcan un servicio real de conexión a Internet. El hecho que no lo hagan no sólo impide el desarrollo del teletrabajo, sino que frena el poder innovador de Internet para todos los usuarios de estos servicios. Sobre el punto 10 (Government online) creo que no sólo hay que garantizar el acceso a documentos oficiales, sino que estos documentos tienen que estar disponibles en formatos abiertos (que no sean de propiedad de ninguna empresa). No es aceptable que, desde un organismo oficial, se pongan a disposición documentos que necesiten de un software propietario para su visualización. También el formato debe ser adecuado al uso que se tiene que hacer: no tiene sentido que, por ejemplo, un texto legal se represente como imagen de mapa de bits y no como texto, ya que de la primera forma se merman las posibilidades de búsqueda e indexado. Es, cómo no, el caso de España, donde el boletín oficial del estado se publica en formato tiff, o de algunos organismos de la misma comisión europea, que publican documentos en un formato específico de un programa de tratamiento de textos. Al igual que para el punto 1 quiero destacar la importancia que, desde la comisión y los estados miembros, se impulse el uso de software libre y de formatos abiertos. Otro punto a tener en cuenta es la sencillez en la navegación: no sirve de nada publicar documentos si estos, por la complicada estructura de un sitio gubernamental o, como muchas veces ocurre, de la misma Unión Europea, no se pueden encontrar fácilmente. Saludos.